Tema 13. Huelga, cierre patronal y proceso colectivo
El derecho de huelga
El artículo 28.2 CE reconoce el derecho de los trabajadores a la huelga para la defensa de sus intereses, derecho fundamental cuyo régimen constitucional se estudia con más detalle en Constitucional II. Sigue vigente, en lo que no se opone a la Constitución, el Real Decreto-ley 17/1977, de Relaciones de Trabajo.
- Titularidad: corresponde a los trabajadores, ejercitada individualmente pero de forma colectiva mediante la decisión de declarar la huelga (por los propios trabajadores o por sus representantes sindicales).
- Efectos sobre el contrato de trabajo: la huelga no extingue el contrato, sino que lo suspende; el trabajador huelguista no percibe salario durante su ejercicio ni genera derecho a prestación por desempleo, y queda en situación asimilada al alta con suspensión de la obligación de cotizar (a cargo del trabajador, salvo pacto).
- Garantías: prohibición del esquirolaje externo e interno (sustitución de huelguistas por trabajadores no vinculados a la empresa al tiempo de la convocatoria o por otros trabajadores de la propia empresa que no ocupasen el puesto del huelguista con anterioridad), y establecimiento de servicios mínimos para garantizar los servicios esenciales de la comunidad, fijados por la autoridad gubernativa ponderando el derecho de huelga y los derechos e intereses de terceros.
- Huelgas ilegales o abusivas: las políticas, de solidaridad no conectadas con un interés profesional directo, novatorias (para alterar lo pactado en convenio durante su vigencia, salvo excepciones) o las que persigan alterar el orden público, entre otras, no gozan de la cobertura del derecho fundamental.
El cierre patronal (lock-out)
El cierre patronal es la facultad excepcional del empresario de cerrar el centro de trabajo, reconocida con carácter muy restrictivo (art. 12 RDL 17/1977) en supuestos tasados: notorio peligro de violencia para las personas o daños graves para las cosas, ocupación ilegal del centro de trabajo, o volumen de inasistencias o irregularidades que impidan gravemente el proceso normal de producción. Debe comunicarse a la autoridad laboral y limitarse al tiempo indispensable para asegurar la reanudación de la actividad.
El conflicto colectivo y su solución jurisdiccional
El conflicto colectivo enfrenta a un grupo genérico de trabajadores con uno o varios empresarios en la interpretación o aplicación de una norma estatal, convenio colectivo o de una decisión o práctica de empresa, y se sustancia procesalmente a través de la modalidad procesal de conflicto colectivo (arts. 153 a 162 LRJS, ver Tema 15), cuya sentencia tiene efectos generales sobre todos los trabajadores afectados, sin perjuicio de su individualización posterior.
Ejemplo práctico
Un sindicato convoca una huelga en apoyo de otro colectivo de trabajadores de un sector distinto, sin conexión alguna con los intereses profesionales propios de los convocantes. Al tratarse de una huelga de solidaridad sin conexión con un interés profesional propio, carece de la cobertura del art. 28.2 CE y podrá ser calificada como ilegal.
Ideas clave
- Derecho de huelga (art. 28.2 CE): suspende, no extingue, el contrato de trabajo; el huelguista no percibe salario ni cotiza a su cargo.
- Garantías: prohibición de esquirolaje y fijación de servicios mínimos para servicios esenciales de la comunidad.
- Huelgas ilegales o abusivas: políticas, de solidaridad sin conexión profesional, novatorias, entre otras.
- Cierre patronal (lock-out): facultad empresarial excepcional y tasada (art. 12 RDL 17/1977).